Argentina: demanda millonaria contra AstraZeneca y el Estado Nacional por parálisis incapacitante: “ya no puedo trabajar, me arruinó la vida”

En la Argentina, una mujer de 39 años demandará judicialmente a AstraZeneca y a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) por 100 millones de pesos (unos 100.000 dólares) luego de comprobar por diversos estudios clínicos los efectos adversos severos que le provocaron las aplicaciones de las inoculaciones contra el Covid-19 como el ser diagnosticada con Síndrome de Guillain-Barré (polineuropatía inflamatoria desmielizante aguda) con cuadriparesia (parálisis parcial que afecta a los cuatro miembros), dejándola incapacitada laboralmente en un 75%.

Flavia Ochoa, es la primera demandante en Argentina, vive en la provincia de Córdoba y es madre de un niño de 5 años. La presentación contra AstraZeneca y ANMAT se realizó en la Justicia Federal de Río Cuarto por daños y perjuicios, demandando además al Estado Nacional. Según la demandante, el 4 de enero de 2022, se aplicó la tercera dosis de dicha marca en un centro de cultural de la localidad en la que Ochoa vive con su familia, el que había sido habilitado para que funcione como vacunatorio.

En su declaración, Ochoa aseguró que tras aplicarse la tercera dosis comenzó a sentirse mal prácticamente de inmediato, advirtió que tenía “calambres fuertes y flojedad en las piernas” por lo que decidió recostarse en su cama debido a “los fuertes dolores que padecía” y continuó: “Al día siguiente, no pude ponerme de pie, me caí en peso muerto, y mi pareja tuvo que levantarme”.

La mujer, acudió a su doctora de cabecera, quien la alertó de que los síntomas descriptos correspondieran a “un efecto adverso de la vacuna”, por tal motivo fue al hospital más cercano dónde le confirmaron que se trataba de una reacción a la vacuna y le administraron Decadrón y Diclofenac, sin embargo, sus piernas mantenían el movimiento limitado y continuaba con adormecimiento en los brazos. Aunque le administraron la misma terapia por suero, esta no dio resultado, entonces los médicos optaron por derivarla al Sanatorio Privado Río Cuarto, siendo el día 10 de enero.

Ochoa, siguió las recomendaciones del “Comité de Expertos” convocado por el entonces presidente argentino, Alberto Fernández, entre ellos, la embajadora especial de la OMS/OPS para América Latina y el Caribe, Mirta Roses; el director científico de la Fundación Huésped, Pedro Cahn; el titular de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued; el presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias, Gonzalo Camargo; y los especialistas Ángela Spagnuolo de Gentile, Gustavo Lopardo, Florencia Cahn, Carlota Russ, Eduardo López, y Luis Cámera.

Tras un año de la inoculación y ante la solicitud de la demandante por el trámite correspondiente al retiro por invalidez, una comisión médica de Río Cuarto (Córdoba) resolvió que Ochoa tiene una incapacidad laboral del 75,6%. En su declaración, Ochoa expresó: “Me arrebataron la vida. Soy madre de un nene de 5 años, jamás fui informada y tampoco se me advirtió que podría sufrir efectos adversos, como asimismo de los riesgos/beneficios de la inoculación. No hubo un verdadero consentimiento de mi parte, solamente nula información y coacción”.

La accionante, reclamó unos $ 100 millones en total: $ 7,4 millones (incapacidad sobreviviente); fondo de reparación Ley 27.573 ($ 25,3 millones); proyecto de vida-pérdida de chance ($ 9,3 millones); daño moral ($ 7,5 millones); daño moral de la pareja ($ 1,5 millones); daño punitivo ($ 49,5 millones), y daño emergente ($ 180 mil). “Ya no puedo trabajar, estoy dependiendo todo el tiempo de alguien, me arruinó la vida”, declaró ante medios locales.